CONAPYME Y CPC REITERAN RECHAZO A LA LEY DE LA SEMANA CORRIDA

Dirigentes en la mesa de conversaciones: Frente a frente, se observa al secretario general de la CONAPYME, José Luis Ramírez, y al presidente de CPC, Rafael Guilisasti. A los costados de ambos, otros altos directivos de ambas confederaciones.

El presidente de la Conapyme, Iván Vuskovic, y el líder de la CPC, Rafael Guilisasti, se reunieron este martes 13 para idear medidas que contrarresten los efectos de la crisis económica, así como su rechazo a la aplicación, el próximo 21 de enero, de la ley de semana corrida.

Ambos gremios estamos convencidos de que bajará la producción industrial y aumentara el desempleo. “Los dictámenes contribuyen a aminorar el impacto, pero no queremos que impacte a la economía y la ministra (del Trabajo) lo sabe”, dijo Guilisasti.  Iván Vuskovic argumentó que “los políticos tienen la obligación de corregirla y el Gobierno tiene responsabilidad y debe hacerlo”.
Al día siguiente, las dos confederaciones emitieron una declaración pública, cuyo texto es el siguiente:

COMUNICADO DE PRENSA

DECLARACION DE LA CPC y de CONAPYME

Santiago, 14 de enero de 2009

A raíz de lo dispuesto en la ley 20.281, promulgada en julio de 2008, se hizo extensivo el beneficio de “semana corrida” a todos los contratos de trabajo que tuvieran un componente variable en la determinación de la remuneración.

Desde su envío al Congreso, nuestras Confederaciones apoyaron la idea de igualar el salario base al ingreso mínimo, que era el objetivo esencial del proyecto de acuerdo a su mensaje. Sin embargo, en la última etapa de su tramitación, y sin evaluar adecuadamente sus consecuencias, se introdujo una modificación al Artículo 45 del Código del Trabajo para solucionar un posible efecto que esta igualación contemplada en la ley tendría sobre un grupo muy acotado de trabajadores.

Desde ese momento, y en reiteradas oportunidades, hemos señalado que la aplicación de esta ley redunda en un significativo aumento de costos para las empresas.

Se genera, entonces, por mandato de la ley, un incremento de remuneraciones que la propia autoridad y también los parlamentarios durante la tramitación señalaron no correspondía a su espíritu,. La desafortunada redacción de esta ley que no refleja el objetivo buscado en el proyecto original –como fue reconocido por S.E. la Presidenta de la República en la última ENADE- ni recoge la historia fidedigna de su discusión y tramitación en el Congreso, ha generado esta grave situación: incrementar remuneraciones en virtud de una ley.

A pesar de compartir el diagnóstico de las consecuencias que la entrada en vigor de esta ley tendrá, especialmente dada la difícil situación proyectada para el empleo en Chile producto de la crisis económica internacional, la Sra. Ministra del Trabajo informó que no se presentaría un proyecto de ley para corregir el error contenido en la ley 20.281 y que sólo, a través de Dictámenes, la Dirección del Trabajo normará su aplicación.

Lamentamos esta situación e insistimos en afirmar que los errores en esta ley no se corrigen con los Dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo en lo que refiere a la “semana corrida”. Estos últimos, si bien precisan sus alcances y mecanismos de cálculo, no solucionan el problema de fondo.

Dada la próxima entrada en vigor de la ley 20.281 el 21 de enero, nuestras organizaciones llaman la atención sobre las consecuencias negativas que traerá esta ley, que desvirtuado su objetivo central, tendrá graves consecuencias en un momento especialmente delicado de nuestra economía donde es más necesario que nunca actuar con responsabilidad y aplicar políticas que tiendan a mitigar los efectos de la crisis internacional sobre el empleo.

Esta ley perjudicará, además, una sana tendencia que existe en muchos ámbitos que consiste en premiar el desempeño individual y la productividad de los trabajadores, principalmente en las empresas más pequeñas, tan necesarios en tiempos donde la competitividad de Chile se pondrá a prueba. Esta ley no contribuye a profundizar los objetivos del trabajo decente en Chile.