Hace unas semanas, el economista Humberto Vega, ex Subsecretario de Mideplan, del Gobierno de Lagos, lanzó su libro "En vez de injusticia", en donde sostiene que Chile – ¡bajo los Gobiernos de la Concertación! -ha crecido sin reducir las desigualdades sociales.
En este contexto, las Pyme han visto truncado su acceso al mercado a consecuencia de la expansión – sin límite ni regulación alguna- de las grandes corporaciones.
Pero la tesis de fondo del autor es que "la frustración personal, familiar y colectiva de las aspiraciones e ideales de los hogares y familias de ingresos medios y bajos puede originar un clima social, difícilmente manejable sin represión policial, y agravar el desencanto y pérdida de confianza en la democracia".
La democracia de la "economía social de mercado", que comenzó a seducirnos a mediados de la década del 70, nos prometía igualdad de oportunidades y progreso compartido. Sólo, como se menciona a menudo en diversos análisis especializados, bastaba confiar en el libre mercado como el dios del hacer económico. Y por eso su ortodoxia respecto a temas como la subsidiariedad del Estado, la desregulación de los mercados financieros y laborales. Por eso, incluso, la superposición de la economía por sobre la política.
Tal como han venido sosteniendo, en múltiples artículos, diversos analistas- aún de diferentes visiones y tendencias políticas-, en las últimas dos décadas, nuestros Gobiernos, efectivamente, se han subordinado a los criterios económicos del modelo que, en su aplicación actual, ya lo vemos, "afecta la centralidad del trabajo, desmejora la distribución del ingreso, aumenta la informalidad, y la precariedad, favorece a la gran empresa, contribuye a la concentración del poder económico, a la creación de monopolio y a una cada vez más injusta distribución de las oportunidades y la riqueza. Pero, además, incide en cierta pérdida de consenso respecto del valor de la democracia".
Por eso debemos estar alertas. Si bien se nos pueden enrostrar las cifras macroeconómicas o las tasas de crecimiento anual, para sostener el virtuosismo del modelo, también tenemos derecho a señalar que no han sido éstas, necesariamente, producto de una economía pujante y productiva, generadora de valor agregado, sino de situaciones mas bien coyunturales como la de ahora, cuando el explosivo auge de economías emergentes -como las de China o India- valorizan materias primas de modo insospechado.
Hay que decirlo, sin variables como el espectacular precio del cobre no estaríamos creciendo a tasas como las actuales. Eso es un hecho.
Precisado lo anterior, asumamos, en todo caso, que las cifras económicas positivas están. Pero, ¿a quiénes favorecen?
Recordemos que Chile, en el 2000, aparecía en cuarto lugar entre los países con peor tasa de desigualdad del ingreso en el mundo, tras Namibia, Brasil y Sudáfrica. El 10% más pobre participaba del 1,2% de los ingresos o consumo. Por el contrario, el 20% de las familias más ricas manejaba el 62,2% de los ingresos.
Pues bien, ahora mismo, nuestro país, con sus recientes éxitos económicos (reportó un superávit fiscal de 7,9% del PIB en el 2006) sigue siendo una vergüenza mundial en este aspecto. Según el economista Ricardo French-Davis, existe en el país una diferencia de 14 veces entre los ingresos del quintil más rico y el más pobre, situación que empeora más aún si la comparación se estrecha al 10% más rico y al 10% más pobre.
Los Gobiernos de la Concertación no sólo han permanecido ajenos a esta desigualdad. Han estado ausentes –inertes, también- frente a la dinámica despiadada del neoliberalismo y la globalización que daña severamente o bien lleva a la quiebra a miles de pequeños empresarios de nuestro sector.
Factores como los Tratados de Libre Comercio -y la consecuente apertura indiscriminada de importaciones-; la ausencia de créditos adecuados, la política tributaria que mortifica a las micro, pequeñas y medianas empresas, el descontrolado crecimiento de las grandes empresas y/o la consolidación del monopolio – aspectos que bloquean nuestro acceso al mercado o nos imponen insufribles condiciones de comercialización –como señala en su libro el ex subsecretario de Mideplan -entre otros, determinan que las Pymes estén siendo avasalladas por el modelo.
Es hora de que se entienda. Urge recuperar la supeditación de la política a la economía. Recuperar un rol del Estado que sea eficiente y eficaz en sus gestiones de regulador y fiscalizador de los grandes rayados de cancha de la economía y en su rol de promotor de efectivas políticas que activen el desarrollo de nuestro sector.
El cuándo es ahora. Y, ¡por favor! ¿Será necesario decirlo otra vez? El sector nuestro es vital y estratégico en la economía. De modo que su supervivencia es un tema no sólo de Gobierno. Es un tema de Estado. Y de país. No hay que olvidarlo. |
