
La iniciativa incorpora un capítulo de promoción a empresas de menor tamaño y cooperativas, a través del cual se espera aumentar sus ventas al estado en alrededor de 300 millones de dólares al año.
El gobierno promulgó la ley de Modernización del Sistema Público de Compra, normativa que incorpora diversas medidas para favorecer a las empresas de menor tamaño y cooperativas, incorporando además estándares de innovación, probidad y transparencia.
La nueva legislación introduce la definición de proveedor local para fomentar su participación en el sistema, Así, la Compra Ágil se realizará de manera privilegiada con pymes y proveedores locales; los convenios marco deberán tener cláusulas de adjudicación por zonas geográficas y en licitaciones de menos de 500 UTM, los organismos con presencia regional podrán establecer criterios de evaluación que den preferencia a los proveedores locales.
Al mismo tiempo, se establece entre otras cosas, una tarificación diferenciada a las empresas de menor tamaño para ingresar al Registro de Proveedores, la introducción de la definición de Proveedor Local para privilegiar a pymes y proveedores locales, lo que junto a otras modificaciones permitirán a las Mipymes y Cooperativas aumentar sus ventas al Estado en alrededor de 300 millones de dólares al año.
La ley, cuyo decreto fue firmado por el presidente Gabriel Boric durante la “Semana de las pymes y Cooperativas, también crea un Comité de Innovación y Sustentabilidad en Compras Públicas que se traduce en un procedimiento estructurado con proveedores para determinar los mejores medios para satisfacer la necesidad pública.
La iniciativa contempla 5 ejes principales: (1) mejora de la probidad y la transparencia, (2) eficiente uso de los recursos públicos, (3) impulso a la participación de MiPymes, (4) innovación y sustentabilidad, (5) y fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública (TCP).
Las compras públicas representan un 4,4% del PIB del país, es decir, más de 14 mil millones de dólares. Asimismo, esta es la primera modificación estructural a la regulación del sistema de compras públicas en dos décadas.